Por: Editorial Macondo Noticias
El 21 de junio, 57 militares del Ejército Nacional fueron retenidos por civiles durante una asonada en el corregimiento de El Plateado, Argelia (Cauca). La situación, que fue calificada por sectores del Gobierno como “retención ilegal” y por otros como un “secuestro colectivo”, se tornó aún más crítica tras conocerse este 25 de junio que la Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a los 16 capturados durante el operativo de rescate.
La razón, según el comunicado oficial, es que no se acreditaron las condiciones jurídicas de flagrancia al momento de las capturas. Es decir, no hubo suficientes elementos probatorios que permitieran mantenerlos detenidos ni presentarlos ante jueces de garantías. En consecuencia, fueron dejados en libertad, aunque seguirán vinculados al proceso investigativo.
La decisión, aunque legalmente sustentada, genera preocupación sobre la capacidad del Estado para judicializar responsables de hechos graves contra la fuerza pública. Desde el Gobierno, las reacciones fueron inmediatas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que los responsables serían disidencias de las FARC que estarían instrumentalizando a la población civil. Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, advirtió que estos hechos no pueden quedar impunes y que la fuerza pública redoblará esfuerzos para recuperar el control territorial en la zona.
¿Y la justicia?
El mensaje que queda es complejo: 57 soldados fueron cercados, desarmados y retenidos; el Estado responde con prudencia jurídica, pero sin resultados contundentes. La Fiscalía, por ahora, apuesta a una investigación estructural de largo aliento, para determinar responsabilidades materiales y determinar si hubo actores armados ilegales detrás de los hechos.
Sin embargo, en regiones como El Plateado, donde la institucionalidad es frágil y la ilegalidad manda, la demora en establecer responsables y la falta de capturas firmes envía un mensaje de vulnerabilidad institucional.
Tres adolescentes involucrados quedaron bajo custodia del ICBF, pero no hay personas con medida de aseguramiento tras un hecho que comprometió la vida y seguridad de más de medio centenar de soldados.
El riesgo de la impunidad
La liberación de los capturados pone sobre la mesa un viejo problema: cuando el derecho se enfrenta al miedo y a la presión social, muchas veces se queda sin dientes. Las normas procesales deben respetarse, pero no pueden convertirse en el camino fácil para que crímenes de esta magnitud terminen sin castigo.
El país observa con atención. La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de probar que investiga para castigar, y no solo para cerrar el caso con una carpeta archivada. Porque cuando los militares son rodeados y humillados en público sin consecuencia alguna, se debilita no solo el orden público, sino la autoridad misma del Estado.
