Por: Editorial Macondo Noticias
En su alocución del 15 de julio, el presidente Gustavo Petro lanzó una afirmación que sacudió el ya frágil terreno del sistema de salud colombiano:
“El Gobierno no le debe nada a las EPS.”
Así, sin matices, sin explicaciones técnicas y sin reconocer los miles de millones en cuentas por pagar que reclaman clínicas, hospitales y operadores de servicios. Un mensaje político, no administrativo. Uno que busca desligar al Estado de su responsabilidad en una crisis sanitaria que hoy tiene al borde del colapso al sistema de aseguramiento en salud.
Según la Contraloría General de la República, a diciembre de 2024, las EPS acumulaban una deuda de $32,9 billones, de los cuales $13,9 billones estaban certificados y el resto bajo revisión. Aun así, el presidente insiste en que “gran parte de esas deudas son anticipos que las EPS entregan a sus amigos”, dando a entender que los recursos públicos se malversan desde el sector privado. Pero lo que omite es igual de grave: muchos de esos pagos fueron ordenados por decisiones judiciales, no por capricho del Ejecutivo.
Petro fue más allá: calificó de “acto criminal” que las EPS hayan duplicado su deuda con clínicas y hospitales durante la pandemia, ignorando que ese período fue una emergencia global sin precedentes, en la que muchos prestadores trabajaron a pérdida para salvar vidas. Lo que para el país fue un momento de solidaridad y sacrificio, para el presidente es un expediente más en su discurso de odio contra el sistema que juró reformar, pero que aún no sabe cómo reemplazar.
Además, el mandatario comparó cifras para sostener que el sistema no está desfinanciado. Afirmó que entre 2023 y 2024, el gasto del gobierno en salud creció 12,9 % y la Unidad de Pago por Capitación (UPC) un 12,1 %. Lo que no dijo es que la inflación anual fue del 5,2 %, y que el déficit estructural del sistema —según expertos— sigue creciendo, porque los costos reales del servicio aumentan más rápido que los giros del Estado.
Cuando Petro dice que “el Estado no debe nada”, está ignorando una verdad evidente: el Gobierno financia, pero las EPS son quienes deben pagar a los hospitales. Y hoy los hospitales públicos y privados claman por pagos vencidos, los médicos enfrentan atrasos salariales y los pacientes encuentran cada vez más barreras para ser atendidos. Si no hay deuda, ¿por qué hay desabastecimiento, cierres y colapsos?
El presidente también afirmó que el 40 % del financiamiento del aseguramiento lo pone el Estado. Un dato impreciso. Según cifras de la ADRES, en 2024 el Estado giró casi partes iguales al régimen subsidiado ($41,59 billones) y al contributivo ($41,63 billones), aunque el subsidiado cubre a más personas. Es decir, no es que el Gobierno ponga más, sino que reparte menos por persona en el régimen que más lo necesita.
La realidad es cruda: el sistema no solo está endeudado, sino desacreditado, atacado desde dentro y carente de una hoja de ruta clara. Y mientras tanto, el presidente niega las deudas, califica de criminal a quienes prestaron servicios en pandemia y convierte una crisis compleja en un simple episodio de su serie de ficción política.
Negar la deuda no la desaparece. Tampoco limpia las cuentas ni apaga las alarmas del sistema. Lo que hace es agravar la desconfianza de quienes hoy sostienen la salud de millones, sin los recursos que el Estado les debe, aunque el presidente insista en lo contrario.
