Por Germán Calvo
La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de votar en contra del proyecto de “Paz Total” promovido por el Ministerio de Justicia no debe leerse como una victoria institucional ni como un acto de sabotaje. Es, en el fondo, la confirmación de una falla estructural: la ausencia de una propuesta rigurosa, consensuada y técnicamente solvente para reformar un sistema penal que, a todas luces, ya no resiste más parches.
El proyecto del Gobierno, aunque ambicioso en su intención reconciliadora, fue errático en su formulación. Se presentó como una herramienta para facilitar el sometimiento de grupos armados, pero sin construir con solidez jurídica el camino. Lo que se propuso fue una justicia híbrida, mal definida y aún peor delimitada, que terminó diluyendo principios fundamentales del derecho penal: legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y, sobre todo, la distinción entre tipos de criminalidad.
No se puede legislar sobre el sometimiento de estructuras armadas como si se tratara de una simple reforma carcelaria. Un proyecto de esta magnitud requiere no solo fundamentación jurídico-técnica, sino también legitimidad política y viabilidad operativa. Ninguna de esas condiciones se cumplió. Por eso, su caída no fue un accidente: fue una consecuencia lógica.
Dicho esto, no conviene idealizar la postura de la Corte. Aunque actuó en defensa del orden institucional, su rechazo también evidenció una pasividad estructural preocupante. La Corte marcó un límite, sí, pero no ofreció una alternativa, ni asumió el liderazgo propositivo que se le exige en momentos de crisis. En lugar de trazar una hoja de ruta, simplemente cerró el camino. Y eso, en un contexto de urgencia histórica, también resulta insuficiente.
Colombia necesita una reforma estructural a su sistema de justicia penal. No solo para enfrentar con eficacia a la criminalidad organizada, sino para dejar de criminalizar selectivamente a los más vulnerables. La política criminal no puede seguir anclada en la lógica binaria de impunidad o mano dura. Se requiere una mirada integral que reconozca al delito como fenómeno social, económico y territorial.
Esa reforma no nacerá del aislamiento técnico ni del cálculo político. Solo será viable si se construye desde el diálogo entre la academia, los operadores judiciales, las organizaciones sociales y los territorios que padecen la violencia. Cualquier modelo de sometimiento o justicia especial debe estar sustentado en criterios jurídicos claros, en garantías de verdad y reparación, y en una delimitación precisa de los delitos que busca abordar. De lo contrario, se corre el riesgo de fabricar impunidades o desproporciones jurídicas con efectos irreversibles.
El derecho penal no puede seguir siendo el lenguaje de la improvisación ni el instrumento para gobernar con excepciones. Tampoco puede convertirse en el escudo de la inercia institucional. El rechazo al proyecto abre un desafío aún mayor: no basta con frenar lo que está mal, hay que construir lo que sí puede funcionar.
Paz, sí. Pero con estructura. Justicia, también. Pero sin atajos ni eufemismos. Colombia no necesita más decretos simbólicos ni reformas exprés: necesita una política criminal integral, progresiva, técnicamente sustentada y socialmente legítima.
Y para ello, el Consejo de Política Criminal debe dejar de ser un apéndice decorativo. Debe asumir el rol que le corresponde: el de centro articulador de una verdadera transformación penal, capaz de responder a los desafíos del país, no con ideología ni con afán electoral, sino con datos, justicia y participación democrática.
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