Por: Editorial Macondo Noticias
Una nueva tormenta política se cierne sobre el país tras la revelación de la revista Semana, según la cual existirían planes para que los herederos de Don Berna y miembros de la Oficina de Envigado —a quienes el presidente Gustavo Petro saludó desde la tarima de la Alpujarra en Medellín— salgan de las cárceles a recorrer los barrios durante el periodo electoral de 2026.
El proyecto estaría enmarcado en la cuestionada estrategia de “paz urbana” del Gobierno, que busca otorgar beneficios judiciales a organizaciones criminales a cambio de su desmovilización, lo cual implicaría la presentación ante el Congreso de un marco jurídico que otorgue sustento legal a dichos acuerdos. Sin embargo, el Ejecutivo no contaría actualmente con los votos necesarios para aprobar esta iniciativa en la próxima legislatura.
La inquietud no es menor. Según diversas fuentes, esta medida no solo beneficiaría a cabecillas del Valle de Aburrá, sino también a estructuras delincuenciales activas en otras ciudades capitales del país. Entre ellas, Bogotá, Cali, Santa Marta, Barranquilla y otras urbes donde el crimen organizado mantiene férreo control territorial y social.
En el departamento del Atlántico, por ejemplo, se señala la participación en estos diálogos de grupos como Los Pepes, Los Leones, Los Rastrojos Costeños, Los Costeños e incluso estructuras del Clan del Golfo. La posibilidad de que estos actores retomen protagonismo en las calles, en plena campaña electoral, ha encendido las alarmas entre dirigentes políticos, sectores académicos y organizaciones sociales.
En este contexto, no son pocos los que ven en esta “paz total” una peligrosa estrategia de instrumentalización del conflicto armado urbano con fines electorales. La idea de que estructuras criminales vuelvan a tener libre tránsito, no como parte de una rendición genuina, sino como piezas de un ajedrez político, genera repudio y escepticismo.
¿Paz o pacto con el crimen? Esa es la pregunta que queda en el aire mientras avanza la cuenta regresiva hacia 2026. La ciudadanía merece claridad, y sobre todo, garantías de que la seguridad, la justicia y la democracia no quedarán en manos de quienes durante años sembraron el miedo en los territorios.
