Por: Editorial Macondo Noticias
Para hoy 1 de julio de 2025 estaba previsto que entrará en vigor la reforma pensional impulsada por el Gobierno Petro, sin embargo, el panorama es cada vez más incierto. La Corte Constitucional anuló mediante un auto una de las sesiones claves de 2024 por graves vicios de forma en la discusión y aprobación del proyecto, lo que podría llevar al hundimiento definitivo de la controvertida iniciativa.
Los errores señalados por el alto tribunal incluyen irregularidades en la convocatoria, problemas de quórum y fallas en el procedimiento deliberativo dentro de la Cámara de Representantes. A pesar de que el Congreso intentó subsanar el trámite el pasado sábado, la sesión terminó convertida en un pupitrazo de última hora, liderado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una jornada que se extendió por más de cuatro horas sin lograr consenso ni debate sustantivo.
La Corte ahora deberá verificar si el texto corregido cumple con las exigencias legales y constitucionales, lo que significa que la suerte de la reforma está nuevamente en sus manos.
En paralelo, la reforma ha recibido duras críticas por su impacto fiscal, que según analistas y centros de estudio, podría comprometer la viabilidad financiera del país a mediano y largo plazo. Varios expertos han advertido que el nuevo modelo genera un pasivo impagable si no se ajustan los parámetros técnicos y se respetan las reglas actuariales.
De fondo, el retrato demográfico del país preocupa. Informes del DANE confirman que Colombia envejece a un ritmo mucho más acelerado del previsto, lo que incrementa la presión sobre el sistema pensional. En este contexto, una reforma mal diseñada puede terminar quebrando la seguridad social, en lugar de garantizarla.
La discusión sobre la reforma no solo es económica. También es política e institucional. La improvisación y el desprecio por las formas democráticas, evidenciado en el tratamiento legislativo de esta reforma, debilita la credibilidad del Congreso y tensiona aún más la ya delicada relación entre las ramas del poder público.
El mensaje que hoy queda es claro: ni siquiera las urgencias del Gobierno justifican la violación de los procedimientos constitucionales.
