Por: Editorial Macondo Noticias
En un país donde los recursos públicos son escasos y la violencia política ha vuelto a tocar la puerta, el acceso a la protección estatal no puede estar sujeto a criterios políticos, ideológicos ni clientelistas. Así lo entendieron Miguel Ángel Serna y Elías Cardona, dos jóvenes antioqueños que, tras ser parte del equipo de jóvenes que se dieron la tarea de recoger más de 1.200 firmas ciudadanas pidiendo al presidente moderar el tono tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ahora dieron un paso más: radicaron un derecho de petición ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) solicitando explicaciones sobre cómo se asignan los esquemas de seguridad en Colombia.
La petición, dirigida al director de la UNP, Augusto Rodríguez, busca establecer con precisión cuántas veces Uribe Turbay solicitó mayor protección, por qué se habrían negado esas solicitudes y qué criterios aplica actualmente la entidad para asignar, aumentar, disminuir o negar esquemas de seguridad. La solicitud no se limita al caso del senador, sino que pide un desglose detallado de todas las personas que hoy cuentan con protección, incluyendo líderes sociales, políticos, exfuncionarios, y hasta excombatientes de las FARC.
Transparencia y verdad: una exigencia generacional
Los firmantes apelan al derecho constitucional a la información pública y a la transparencia como principio rector de la gestión estatal. Pero más allá del marco legal, la petición toca un punto neurálgico: el de la confianza en las instituciones encargadas de proteger la vida de quienes están en riesgo.
En un país donde a algunos líderes se les niega protección hasta que es demasiado tarde, mientras otros mantienen esquemas costosos sin riesgo evidente, la falta de criterios claros y públicos solo profundiza la desconfianza. La iniciativa de estos jóvenes pone el foco en algo esencial: la protección no puede ser una prebenda, debe ser una garantía democrática.
¿Y la UNP?
La Unidad Nacional de Protección ha estado en el centro de múltiples controversias: desde denuncias por corrupción en contratos, hasta críticas por presunta politización de la entidad. La petición solicita cifras específicas: cuántos escoltas hay activos, cuántos están pendientes por asignar y cuántos provienen de las extintas FARC tras el acuerdo de paz.
Más allá del detalle técnico, la pregunta de fondo es clara: ¿quién define a quién se protege, con qué criterios y bajo qué controles?
