Por: Editorial Macondo Noticias
La jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez del delito de soborno a testigos en actuación penal en el caso relacionado con Juan Guillermo Monsalve. En el sentido de fallo, divulgado el 28 de julio de 2025, Heredia validó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, rechazando las pretensiones de la defensa de excluir elementos clave. En particular, reafirmó la legalidad de las interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe y su exabogado Diego Cadena en 2018: concluyó que las escuchas obedecieron a “un error involuntario” del tribunal de origen y no a una irregularidad deliberada, por lo que no existió mala fe en su ejecución.
Estas pruebas –junto con la grabación de audio obtenida con el reloj espía de Monsalve– fueron consideradas determinantes para demostrar el soborno. El fallo dispone ahora la realización de una audiencia de lectura de sentencia en la que se impondrá la pena correspondiente, estimada en entre 6 y 12 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las partes podrán apelar en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Este fallo, el primero contra un expresidente colombiano en más de 60 años, se convierte en un hecho histórico con enormes repercusiones legales y políticas. De mantenerse en segunda instancia, impediría que Uribe pueda aspirar nuevamente a cargos de elección popular y marcaría un hito en la rendición de cuentas del país.
Durante la lectura del fallo, la jueza Heredia pronunció frases que reforzaron el mensaje institucional: “La justicia no está al servicio de la política, ni de la prensa… Está al servicio del pueblo colombiano”. También afirmó que “la justicia no se arrodilla ante el poder” y que este proceso no se trata de un nombre, sino de hechos comprobados.
El impacto político es inmediato. Mientras los simpatizantes de Uribe ven el fallo como un acto de persecución o “lawfare”, sus críticos lo consideran una muestra de que la justicia puede actuar contra los más altos poderes. La polarización que caracteriza al país se intensifica, y no se descartan reacciones de presión política o cuestionamientos a la independencia judicial en medio del ambiente electoral de cara a 2026.
Este caso representa mucho más que un proceso jurídico: es un símbolo de la lucha contra la impunidad. La manera en que Colombia gestione sus efectos, respetando el debido proceso y evitando que el fallo se convierta en una bandera de confrontación política, será crucial para el fortalecimiento institucional y la credibilidad de la justicia.
