Por: Editorial Macondo Noticias
En una nueva declaración que ha generado reacciones en distintos sectores, el presidente Gustavo Petro arremetió contra los medios de comunicación colombianos, afirmando que “la prensa que tenemos hoy es constructora de violencia, porque en su mayoría, es propiedad del gran capital.” Esta declaración se suma a una serie de tensiones sostenidas entre el jefe de Estado y varios medios nacionales desde el inicio de su mandato.
El mandatario no se detuvo ahí. Señaló que los medios televisivos y radiales no son independientes, sino que operan como contratistas del gobierno, al utilizar el espectro electromagnético —considerado un bien público— mediante contratos de concesión. Según sus palabras:
“El espectro es de la nación y por él se transmiten las ondas de la televisión y la radio. El contrato es para que exploten comercialmente un bien de la nación. Son concesionarios. El contrato se viola si los medios rompen la Constitución, el derecho a la información y la verdad, y aquí se está violando todos los días. Cualquiera diría: hay que liquidar entonces los contratos.”
Acto seguido, Petro elevó el tono al advertir que el gobierno no debe permitir que sus contratistas evadan la Constitución, sugiriendo incluso un posible accionar judicial:
“Pues a actuar en la justicia.”
Estas afirmaciones generan múltiples inquietudes. En primer lugar, porque se insinúa la posibilidad de sancionar o intervenir medios de comunicación bajo el argumento de que violan la Constitución o promueven desinformación, sin que exista un mecanismo claro o institucionalmente regulado para determinar tal cosa fuera del ámbito judicial. En segundo lugar, porque reaviva el debate sobre el papel del Estado frente a la libertad de prensa en contextos de alta polarización política.
Expertos en derecho constitucional y libertad de expresión han advertido previamente que confundir la crítica periodística con ataques a la institucionalidad puede debilitar los contrapesos democráticos. Aunque el espectro radioeléctrico es, en efecto, un recurso público, su uso por medios privados está regulado bajo principios de pluralismo y libertad de expresión, según lo establece la Constitución colombiana.
La prensa, por su parte, ha respondido en ocasiones anteriores a críticas similares con llamados al respeto por la independencia informativa y a evitar la estigmatización del oficio periodístico, particularmente en un país donde los periodistas han sido blanco histórico de amenazas, censura y violencia.
Estas nuevas declaraciones del presidente no solo intensifican el enfrentamiento con los medios, sino que abren la puerta a un debate profundo sobre los límites del poder presidencial en relación con la libertad de prensa, el pluralismo informativo y los marcos de regulación estatal.
