Por: Jesús Navarro
Tras el histórico fallo que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal, el proceso penal en su contra entra ahora en una fase crucial que determinará si la sentencia es confirmada, modificada o eventualmente anulada.
En primera instancia, el proceso fue liderado por la jueza Sandra Heredia, quien tras un extenso juicio determinó la responsabilidad penal del exmandatario. Sin embargo, como lo establece la ley, esta decisión no es definitiva: ahora comienza la etapa de apelación, en la que será un juez de segunda instancia —adscrito al Tribunal Superior de Bogotá— quien deberá revisar a fondo el fallo emitido.
Este juez tiene un plazo hasta el 8 de octubre de 2025, aproximadamente, para pronunciarse sobre la apelación presentada por la defensa. Este límite temporal es de especial relevancia, ya que si la decisión no se emite antes de esa fecha, el proceso prescribiría, es decir, se extinguiría la posibilidad legal de imponer una condena, lo cual haría que Uribe quedara libre de toda responsabilidad penal en este caso.
En caso de que el Tribunal Superior de Bogotá falle antes del vencimiento del término y confirme o modifique la sentencia, la defensa aún podría acudir a una tercera instancia: la casación. Este es un recurso extraordinario que no procede automáticamente, sino que debe ser admitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La casación no revisa los hechos del caso, sino la aplicación del derecho. Su propósito es corregir errores jurídicos graves, unificar jurisprudencia y proteger garantías fundamentales.
Este recurso es excepcional y altamente técnico, por lo cual su admisión ya es en sí misma una decisión relevante. Si la Corte admite estudiar el caso, tiene un plazo de hasta cinco años para resolver y emitir una sentencia definitiva que, dependiendo del análisis, puede confirmar, modificar o incluso anular las decisiones anteriores.
Este camino procesal pone en evidencia que, pese al revuelo mediático del fallo de primera instancia, el caso contra Álvaro Uribe no ha concluido. Por el contrario, entramos en una etapa compleja, en la que los tiempos judiciales y la solidez técnica de los argumentos presentados por la defensa y la parte acusadora jugarán un papel determinante.
Así, el país permanece atento a un proceso sin precedentes, no solo por tratarse del primer expresidente condenado penalmente, sino porque el desarrollo de este expediente pondrá a prueba la solidez institucional de la justicia colombiana, su capacidad para resistir presiones y su compromiso con el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley.
