Por: Editorial Macondo Noticias
En una decisión que levanta polvo político y jurídico, la Corte Constitucional falló a favor del presidente Gustavo Petro, determinando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene competencia para investigarlo por hechos relacionados con su campaña presidencial.
La resolución llega en medio de un ambiente tenso entre el Ejecutivo y los órganos de control, marcado por acusaciones de supuesta financiación irregular, presunta superación de topes de campaña y un debate creciente sobre los límites del poder y el alcance de la justicia electoral.
Un fallo que redefine el control político-electoral
La Corte, en su análisis, reiteró que el artículo 109 de la Constitución, si bien establece límites y sanciones en materia de financiación política, no faculta al CNE para iniciar procesos sancionatorios contra el Presidente de la República. Esa competencia, señala el alto tribunal, debe recaer en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano creado expresamente para investigar a los aforados constitucionales.
Contexto incómodo para el Gobierno
El fallo no ocurre en el vacío. Se da justo cuando el país discute los alcances de la “paz total”, los recientes escándalos por la presunta entrada de dineros no reportados a la campaña del Pacto Histórico, y la polarización creciente entre el Gobierno y sectores independientes o de oposición.
Aunque la decisión de la Corte se enmarca en la interpretación estricta del ordenamiento constitucional, no disipa las dudas sobre la transparencia electoral, ni neutraliza el reclamo ciudadano por respuestas claras sobre el origen y el uso de los recursos en campaña.
¿Impunidad o garantías institucionales?
Para unos, el fallo representa una victoria del respeto a la separación de poderes y al debido proceso. Para otros, es una señal preocupante de impunidad, que permite a un jefe de Estado evadir el escrutinio del órgano electoral que debería velar por la legalidad del juego democrático.
La discusión no termina aquí. Aunque el CNE queda inhabilitado para investigar a Petro, la pregunta de fondo persiste: ¿quién controla al poder cuando el poder ya está en el cargo?
