Por: Editorial Macondo Noticias
En un intento por mitigar el déficit fiscal, el Gobierno expidió el Decreto 0572 de 2025, una norma que incrementa las tarifas de autorretención en la fuente para múltiples actividades económicas, incluyendo 14 del sector minero-energético, uno de los principales motores tributarios del país. Pero la medida, lejos de ser una solución estructural, pone en riesgo la sostenibilidad presupuestal del Estado, según advirtió esta semana la Contraloría General de la República.
El objetivo del decreto es claro: adelantar ingresos de 2026 para inflar la caja del 2025, trasladando el recaudo del impuesto de renta de forma anticipada. No se trata de una reforma fiscal en sentido estricto —no sube impuestos ni cambia las bases gravables—, pero sí profundiza un esquema de sobre-recaudo que, a la larga, genera más problemas que soluciones.
¿Qué está ocurriendo?
Según la Contraloría, muchas de las empresas afectadas por el decreto ya venían pagando en exceso, en promedio un 37 % más de lo que realmente adeudan por impuesto de renta. Con la entrada en vigor del Decreto 0572, ese exceso podría escalar hasta el 72 %. Es decir, el Estado cobra de más en 2025, para luego verse obligado a devolver ese dinero en 2026, afectando la caja futura.
En palabras del contralor general, se trata de “una medida innecesaria que reduce liquidez y genera un impacto fiscal negativo”. Y no es una advertencia menor: si el Estado sobrecarga la liquidez del sector productivo ahora, para cubrir un déficit de corto plazo, lo que está haciendo es hipotecar los presupuestos del próximo año, comprometiendo devoluciones millonarias que limitarán el margen de maniobra fiscal.
Minería, energía y caja pública: el triángulo en tensión
El sector minero-energético es uno de los más afectados por esta medida. Por su escala y rentabilidad, suele ser también uno de los más exigidos tributariamente. Pero aumentar la autorretención sin generar valor fiscal adicional es, en la práctica, un crédito forzoso del sector privado al Estado, con efecto directo en la liquidez de las empresas, la inversión y la producción.
A corto plazo, el Ministerio de Hacienda muestra cifras positivas de recaudo. Pero a mediano plazo, se generan pasivos fiscales ocultos: devoluciones pendientes, litigios tributarios, menor inversión y, posiblemente, menor recaudo real.
¿Una estrategia fiscal o un maquillaje contable?
El país enfrenta una presión creciente sobre sus finanzas públicas. Sin embargo, el uso reiterado de medidas de corto plazo como esta —sin respaldo estructural— genera la ilusión de solvencia a costa del futuro. El decreto no enfrenta el problema fiscal de fondo: un gasto rígido, una deuda creciente y una economía que muestra signos de desaceleración.
La advertencia de la Contraloría no debe pasar desapercibida. Más allá de las cifras de recaudo inmediato, Colombia necesita una política tributaria sostenible y predecible, que no sacrifique liquidez empresarial ni comprometa la estabilidad del fisco en los próximos años.
