Por: Editorial Macondo Noticias
El expresidente Álvaro Uribe Vélez no se rinde. Tras la histórica condena de 12 años de prisión proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, su defensa ha activado una nueva vía jurídica: la acción de tutela, presentada el 4 de agosto de 2025, en busca de proteger lo que considera una grave vulneración a sus derechos fundamentales.
El argumento central de esta acción es claro y directo: nadie debe ser tratado como culpable hasta que exista una sentencia en firme. La defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, asegura que la orden de detención domiciliaria inmediata, emitida aun cuando el fallo no está ejecutoriado, desconoce el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad personal del expresidente.
Uribe ha apelado a una doctrina sólida: la Constitución, la jurisprudencia nacional y los tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Se invoca, además, jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, como la SU-220 de 2024, que advierte sobre la invalidez de detenciones sin una motivación suficiente y específica.
En la tutela también se señala la ausencia de peligro procesal —como riesgo de fuga u obstrucción de la justicia— que justifique la medida de aseguramiento. “Sin riesgo, no hay justificación”, parece ser la consigna jurídica del equipo defensor.
Más allá del plano legal, esta tutela se convierte también en un acto político: el líder del Centro Democrático enfrenta con decisión lo que él mismo ha calificado como una “persecución judicial”. Su apuesta no es solo jurídica, sino simbólica: reivindicar su nombre y su libertad ante lo que considera una injusticia.
Aunque el proceso de apelación de la sentencia principal sigue su curso, la tutela aparece como una acción inmediata y contundente, que pone a prueba el sistema judicial colombiano frente a uno de los personajes más influyentes y polarizantes de la historia reciente.
En medio de un país dividido, la pregunta que comienza a tomar fuerza es si esta tutela abrirá un nuevo capítulo en la defensa del expresidente o si, por el contrario, chocará contra una muralla jurídica que ya parece estar escrita. Lo que sí es cierto es que Uribe, como siempre, está dando la pelea.
