Por: Editorial Macondo Noticias
Una nueva tormenta política y financiera sacude al sector educativo mixto en Colombia. La Mesa Nacional de Educación Privada (MNEP), que agrupa a más de 10.000 instituciones educativas privadas, lanzó una alerta nacional tras la expedición del Decreto 0596 de 2025, emitido por el Gobierno Petro. El documento, firmado el pasado 3 de junio, modifica el régimen salarial de los docentes del sector público, pero sus efectos colaterales podrían poner en jaque el equilibrio financiero de los colegios privados.
El comunicado de la MNEP advierte que replicar el modelo salarial del decreto en instituciones privadas implicaría incrementos superiores al 20 % anual, una carga económica que —según sus voceros— resultaría insostenible para gran parte del sector. Por eso, han solicitado mesas de diálogo con el Gobierno nacional, argumentando que el modelo podría desatar una “crisis estructural sin precedentes”.
Aunque el decreto está formalmente dirigido al sector público, el ecosistema normativo y judicial colombiano tiende a exigir condiciones salariales equivalentes para los trabajadores del mismo gremio, especialmente cuando se trata de profesionales en funciones similares como los docentes.
En este contexto, la preocupación no solo es por los costos, sino por el futuro del modelo educativo mixto, que históricamente ha coexistido entre la oferta pública y privada para atender las necesidades de cobertura nacional. Varios colegios ya evalúan escenarios de reducción de personal, alzas en matrículas o incluso cierres anticipados de sedes.
Este nuevo frente de tensión se suma a la ya agitada agenda legislativa y política del presidente Gustavo Petro, quien con su reforma laboral, fiscal y educativa ha puesto en movimiento cambios profundos que, según sus críticos, carecen de estudios técnicos y diálogo previo con los sectores involucrados.
La comunidad educativa privada espera ahora que el Ministerio de Educación aclare el alcance del decreto y defina si los colegios privados estarán obligados a asumir las nuevas cargas salariales. De lo contrario, el país podría estar ante el inicio de una fractura institucional y operativa en el sistema escolar colombiano.
